Virgilio Martínez de Sucre descartó responsabilidad a los funcionarios provinciales que intervinieron en la habilitación del radar inglés y cargó la mayor competencia al área de Telecomunicaciones y Conectividad de la Nación que otorgó el permiso precario. El Fiscal opinó que “los funcionarios no estaban especializados en asuntos castrenses, por lo que no estaban en condiciones de determinar posibles amenazas a la seguridad nacional”.
La Fiscalía de Estado de la Provincia emitió ayer el dictamen 23/23 sobre una investigación iniciada para determinar la legalidad de las actuaciones vinculadas a la instalación de un radar en la localidad de Tolhuin de una firma multinacional, como así también la regularidad de las conductas asumidas por los funcionarios y agentes intervinientes.
“Es claro que, el pedido de explicaciones que hoy hace la sociedad responde a un mandato moral ineludible que debe ser atendido en el plano local”, dijo el Fiscal. Además coincidió con el ministro Jorge Taiana respecto de que, “cuando pudieran verificarse supuestos en el que las peticiones o acciones efectuadas por particulares de cualquier bandera aborden materias sensibles a los intereses territoriales de la provincia se debe considerar necesaria la expresa conformidad de la autoridad nacional respectiva, que descarte expresamente cualquier tipo de vulneración a su seguridad”.
