El Tribunal de Cuentas informo al Poder Ejecutivo que deberá dar intervención a la Fiscalía de Estado como requisito previo a la continuidad del procedimiento de toma de deuda pública por mas 135 millones de dolares con un banco chino, para la ejecución de obras energetica en Tierra del Fuego. 

En la Resolución 70/23, desde el órgano de contralor se indica que en función de los informes contables y legales elaborados por el personal técnico del Tribunal “no existiría óbice para la continuidad del proceso de toma de deuda, más allá de los oportunos controles que efectuará el Tribunal de Cuentas en el marco de sus competencias”. 

La falta de intervención de la Fiscalía de Estado fue la única observación que no fue levantada por el Ejecutivo en el marco de la intervención previa que tuvo desde mediados de diciembre del año pasado hasta el 22 de marzo de este año el Tribunal en el expediente “análisis de factibilidad de financiamiento programa de apoyo para la transición energética”. 

En octubre se confirmó que esas instituciones actuarían como financistas de la construcción de una nueva central en Ushuaia; la modernización de la central eléctrica de Tolhuin y la construcción de un parque eólico en Río Grande. 

El proyecto, que fue analizado en una reunión de Comisión, resultó aprobado por abrumadora mayoría el 21 de diciembre. Por ese entonces, desde el Gobierno se estimaba que la operatoria crediticia con el Banco de Desarrollo de América Latina por 70 millones de dólares podía formalizarse a la brevedad, de manera tal de poder estar comenzando las obras la ampliación de la central termoeléctrica de Ushuaia y las de mejora de Tolhuin durante el primer trimestre del año. En cuanto al parque eólico en Río Grande, a financiar con los 65 millones de dólares del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, se mencionaba mediados de año como fecha posible de inicio de los trabajos.