Una ayudita del IPRA por 700.000 mil pesos por publicidad en el Cafe Martinez de Ushuaia

INTERES GENERAL 30 de mayo de 2022 Por Espectáculo Noticias
WhatsApp-Image-2022-03-29-at-7.04.13-PM

El cartel del ahora Cafe Martinez de la familia Loffler, sigue generando un millonario negocio con fondos públicos, en este caso nuevamente por pagos del IPRA a un participar, esta vez es por un montón de $ 700.000 pesos hasta diciembre 2022. Pero no es la primera vez que va cambiando de nombres, los monto que por publicidad paga el Estado Provincial al lugar. 
 

Tal como lo publicado hace un tiempo atrás, ahora nuevamente una persona con deudas irrecuperables consigue un contrato del IPRA para difundir publicidad en la pantalla LED del café Martinez situado en la esquina de San Martín y Juan Manuel de Rosas, que paso de ser la franquicia Balcarce para comercializar bajo la marca «Café Martínez». 

Según la información publicada en el sitio oficial del IPRA, el organismo provincial contrató a «GATICA, GUSTAVO ARIEL» por un monto de $ 700.000 para difundir publicidad en la pantalla LED ubicada en la esquina de las calles San Martín y Juan Manuel de Rosas de la ciudad de Ushuaia. Se trata de la esquina en la que funciona actualmente el «Café Martínez», una franquicia explotada por la familia Loffler a través de la firma Cafeto Express. 

El local comercial permaneció cerrado por varios meses mientras adecuaba las instalaciones a la nueva franquicia y abrió como «Café Martínez» a fines de marzo. Tan solo 2 meses después el IPRA ya contrataba nuevamente la difusión de publicidad en su pantalla LED, pero una vez más a una persona distinta. Esta vez el contrato es con el Sr Gustavo Ariel Gatica, una persona que según los registros de AFIP desde el año 2019 desarrollaba actividades relacionadas con «Venta al por mayor de mercancías» y «Construcción, reforma y refacción de edificios residenciales» y recién en febrero del 2022 incorporó como actividad los «servicios de comercialización de espacios publicitarios».. 

Al igual que las personas que antecedieron en la comercialización de los servicios de publicidad, Gatica se encontraba en situación de deudor de alto riesgo según la información provista por el BCRA y gracias al contrato del IPRA y al «cartel de los Lofflers» pasó de ser deudor irrecuperable a obtener un contrato por $ 700.000.

Según informa el propio sitio web del IPRA, ese organismo contrató en dos oportunidades la difusión de publicidad en esa pantalla LED. En diciembre del 2020 por la suma de $ 80.000 para una campaña intensiva y en enero 2021 una segunda contratación, en este caso por $ 600 mil en concepto de «realización de publicidad en la pantalla LED ubicada en San Martín y Juan Manuel de Rosas por un período de seis meses (entre febrero y julio de este año inclusive), por la suma mensual de $100 mil”. 

La persona que facturaba en ese período por los servicios era Daniela Paola Valdes, una mujer de 31 años inscripta como “autónoma” ante la AFIP desde julio de 2020 (seis meses antes del contrato con el IPRA) y que se encontraba en situación 5 “Irrecuperable” ante el sistema financiero nacional. Sin embargo, Valdés también era empleada de Jumamá SRL, la empresa responsable de la franquicia del Café Balcarce, en cuyo techo funcionaba la pantalla LED. Todo indica entonces, que la empleada de Balcarce en situación financiera desfavorable era utilizada por la franquicia para facturar la publicidad del IPRA. 

La sede social de Jumamá es San Martín 898, misma dirección donde está emplazado el Café Balcarce. Por otro lado, Jumama SRL fue constituida en noviembre de 2018 por Omar Alberto Calquín y Juan Matías Loffler, hermano del actual legislador del Movimiento Popular Fueguino Damián “Loly” Loffler y del actual juez del Superior Tribunal de Justicia Ernesto “Nené” Loffler. Juan Matías también incursionó en política como candidato a concejal del Mopof en 2019, y en una foto se lo puede ver en plena campaña junto al gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza. 

En tanto, Omar «Matete» Calquín tiene su propia historia ligada a la política, aunque no por haber ocupado cargos sino por haber participado de maniobras de corrupción con el Estado. En junio de 2009, fue condenado a un año de prisión en suspenso como partícipe primario del delito de “falsedad ideológica de instrumento público” en la causa de los adelantos con cargo a rendir durante la gestión del ex gobernador Jorge Colazo. Y en junio de 2010 (al año siguiente) Calquín recibió otra condena de tres años de prisión en suspenso por el mismo delito y en relación a los mismos actos de corrupción. 

Además, Calquín fue uno de los imputados en la causa conocida como el “escándalo de las viviendas de ATE”. 

Allí se lo acusó de ofrecer y cobrarles a terceros (algunos sus propios familiares, entre ellos Ricardo Javier Calquín) por viviendas sociales que fueron vendidas de manera fraudulenta. En ese caso fue sobreseído. De todas maneras, en Jumamá SRL eran socios un integrante de la familia Löffler y un sentenciado dos veces por corrupción contra el Estado. 

Por otra parte, no es la primera vez que la sociedad utilizó a un empleado para facturarle a organismos públicos publicidad de la pantalla LED. Antes de Valdés, quien oficiaba como encargada de Balcarce y facturaba por el cartel era María Inés Amitrano, una mujer de 37 años que también figura como deudora “incobrable” en los registros del Banco Central. 

Lo curioso de Amitrano es que trabajó para la sociedad desde 2018 hasta agosto de 2020, en que dejó la empresa para pasar a desempeñarse como planta permanente del propio IPRA, al que antes le facturaba por el cartel. 

Aunque no es tan llamativo si se tiene en cuenta el vínculo político entre el Presidente del IPRA Antonio Arosteguichar y la familia Loffler, uno de cuyos miembros es socio de la franquicia. De hecho, Arosteguichar fue presidente de la Junta Departamental Río Grande del MPF que comanda la familia Loffler, antes de recaer en el IPRA tras la alianza de su partido con el gobernador Melella para las elecciones de 2019. Juan Matías Loffler no llegó a ser concejal por esa coalición, pero eso no le impide hacer negocios con el Estado merced a sus contactos políticos y familiares. 

Te puede interesar