Reducción del IVA y Ganancias: la Corte Suprema falló a favor de las provincias

El máximo organismo judicial del país hizo lugar a medidas cautelares para las quinse provincias -entre las que se encuentra Tierra del Fuego- habían presentado la impugnación de los decretos 561/19 y 567/19 que firmó Macri. El primero subió el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia y alivió la carga impositiva para los autónomos. El segundo bajó a 0% la alícuota de IVA para alimentos de la canasta básica hasta el 31 de diciembre. Ambos impuestos son coparticipables.
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La mayoría compuesta por los jueces Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti dio lugar a un reclamo de la provincia de Entre Ríos y dictó la misma solución para el resto de los distritos que iniciaron demandas: Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Las provincias impugnaron los decretos 561/19 y 567/19 que firmó Macri. El primero subió el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia y alivió la carga impositiva para los autónomos. El segundo bajó a 0% la alícuota de IVA para alimentos de la canasta básica hasta el 31 de diciembre. Ambos impuestos son coparticipables, por lo que una parte de lo que se recauda baja de manera automática a provincias y municipios.

La medida cautelar no resuelve el reclamo de fondo -la inconstitucionalidad de los decretos- pero obliga al Estado a no reducir esa masa de recursos coparticipables hasta que se dicte una sentencia definitiva.

La mayoría consideró que la demora de la medida podría causar un perjuicio a las provincias, que verían afectadas sus ingresos, y por eso concedió la cautelar. Entendió que se configuraban "los extremos exigibles a toda pretensión cautelar con el fin de resguardar los derechos invocados hasta tanto exista la posibilidad de dirimir la cuestión debatida".

Los tres jueces que votaron en conjunto sostuvieron que demorar una medida precautoria hubiera implicado poner "en riesgo el normal funcionamiento de las instituciones provinciales y la atención de las necesidades básicas de la población".

En cambio, Rosenkrantz consideró que, antes de otorgar la cautelar, Entre Ríos debía "precisar cuál sería el derecho o interés protegido por el ordenamiento jurídico en virtud del cual se considera legitimada para reclamar que se declare la inconstitucionalidad de los decretos cuestionados". En su opinión, "la inconstitucionalidad de una norma, aunque parezca patente a primera vista, no habilita por sí sola a reclamar la intervención de los tribunales pues ello implicaría que los tribunales están habilitados a pronunciarse sobre una cuestión teórica o abstracta". 

La cautelar protege a las provincias de la afectación de recursos hasta que la misma Corte tome una decisión de fondo o se llegue a un acuerdo entre los distritos y la Nación.

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